En el documento se destaca la obligación del Estado de garantizar el derecho exigible e indivisible a la seguridad social de todos sus habitantes, sin importar la relación de dependencia. El camino para materializar el derecho se basa en la universalización de las transferencias y servicios que socializan el bienestar, es decir, la universalización de la seguridad social. Si bien en el concepto de seguridad social no está explícita la necesidad de buscar la sostenibilidad financiera de la seguridad social o el equilibrio financiero entre los ingresos y gastos incurridos para proveerla, y tampoco se menciona que este proceso de generación de derechos debe suceder en un ambiente de finanzas públicas sanas, el tema se menciona en numerosas ocasiones a lo largo del documento.