Es el potencial institucional y operativo que permite ir instrumentando, en la práctica social los objetivos socialmente aceptados y jurídicamente consignados en la Constitución Política del Estado.
Así mismo es la habilidad institucional de un gobierno, secretaría, departamento, empresa pública, estado, ciudad, entre otros, para formular y realizar planes, políticas, programas, actividades, facultades, operaciones u otras medidas para cumplir con los propósitos de desarrollo.