Propuesta para reorientar el presupuesto gubernamental destinado a cuotas sociales para pensiones

El 8 de noviembre de 1995, el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de Ley del Seguro Social, que sustituiría a la ley promulgada en 1973.

En dicha iniciativa, se remarcaba el interés del Estado por impulsar el desarrollo nacional a través de la justicia social y el incremento del bienestar de la población. No sobra recordar que el lema de la campaña electoral del entonces candidato del partido oficial era “Bienestar para tu familia”, por lo que el uso del término daba un matiz especial a la iniciativa que, grosso modo, reformulaba técnica y jurídicamente los seguros que hasta entonces había administrado y gestionado el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Desafortunadamente, la reconformación del IMSS le hacía perder al Estado la rectoría sobre el sistema de pensiones, pues el seguro de invalidez, vejez y muerte (SIVM) fue dividido en un seguro de invalidez y vida, aún administrado parcialmente por el IMSS, y un sistema de ahorro individualizado para el retiro, la cesantía en edad avanzada y la vejez (RCV), que sería administrado íntegramente por nuevas entidades del sector financiero a las que se denominó Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore).