La criminalización del aborto genera riesgos sociales que afectan la salud y la vida de las mujeres. Éstos solamente se podrán resolver mediante la legalización e incorporación a la seguridad social de la interrupción del embarazo. El objetivo final de esta propuesta es la defensa de la vida y la dignidad, por lo que se apela a que el Estado garantice las condiciones necesarias para que todas las mujeres ejerzan maternidades elegidas y salvaguarde la vida y la salud de las que deciden no hacerlo.